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Feminismo en Latinoamérica

Mariana Montserrat Gutiérrez Raygoza
Letras, CUCSH.

Según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, durante la lectura de esta revista (1 hora) en México siete mujeres han denunciado violencia de género. De los veinticinco países con más feminicidios en el mundo, catorce se encuentran en Latinoamérica y el Caribe, y México fue el precursor en el mundo en nombrar esta realidad.

“Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”; entre las muchas consignas feministas que han resonado a lo largo de América Latina en los últimos años, esta no puede cargar más rabia y razón, porque los datos anteriores parecen no asustar a nadie hasta que se trata de tu hija de 7 años, de tu amiga que salía de la universidad, de tu hermana, tu mamá, tu prima.

Artistas latinoamericanas, como las integrantes de LasTesis y la cantautora Vivir Quintana, han canalizado en canciones las condiciones asfixiantes de vivir en este continente, y las mujeres de todos lados las han convertido en himnos. En 2019, “Un violador en tu camino” retumbó desde Santiago hasta Estambul, y en 2020 “Canción sin miedo” resonó desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta Toulouse. Versos como “el estado opresor es un macho violador” y “que caiga con fuerza el feminicida” borraron los idiomas y las fronteras gracias a las redes sociales: las comandantas, las campesinas, las norteñas, las madres, las niñas que quieren regresar de la escuela, las diferentes generaciones, han encontrado los dolores que las unen, han llorado sus miedos juntas, han transformado los performances y las consignas en un grito de indignación y de lucha.

Las mujeres de Juárez, las encarceladas sin motivo, Ingrid, Fátima, Chiara, Nabila; estos son los motores de los movimientos feministas en Latinoamérica, cuyas marchas, pintadas y destrozo de monumentos, han materializado avances en materia legal en la región, avances que se deben proteger día a día, pero que por ahora significan un paso hacia una mejor calidad de vida y acceso a la justicia, y que retumban hasta las compañeras de lucha en Zimbawe, España, Rusia, Corea…

Hacer un recuento de los feminismos en la Latinoamérica de la última década, su impacto en la sociedad y en el marco legal, sería una tarea titánica, porque ni las activistas, ni las madres de las desaparecidas, ni las universitarias han tomado ningún descanso, pero podríamos comenzar por recapitular la explosión detonada por los múltiples feminicidios que fueron enfureciendo a las argentinas durante el 2015, hasta que el 3 de junio se convocó a la primera marcha bajo la consigna “Ni una menos”, frase cuya autoría se le otorga a Susana Chávez, poeta mexicana, víctima irónica y desgarradora de feminicidio. Sabemos en lo que se han convertido esas tres palabras: un movimiento internacional.

Esas palabras no fueron huecas, ni siquiera se limitaron a ser un lema mundial de empatía y sororidad, sino que las argentinas llevaron el grito a las leyes: en julio de 2018 se aprobó la Ley Brisa, la cual garantiza cobertura económica a las niñas y niños que han perdido a su madre por motivos de género. Ese mismo año se aprobó la Ley Micaela, que busca capacitar en temáticas de género y violencia a servidores públicos, y se catalogó por primera vez el asesinato de una activista LGBTI como trasvesticidio. Sin embargo, quizás el logro más relevante de lo que comenzó como un reclamo hacia la situación de violencia que viven las mujeres de Argentina, fue la reciente despenalización del aborto durante las primeras 14 semanas de embarazo y sin restricción de causales.

Lo anterior destella como un rayo de esperanza para toda Latinoamérica, donde la prohibición total y los supuestos ambiguos conviven con la imponente violencia que se experimenta en diferentes países y con sistemas de salud deficientes, lo cual da como resultado cifras aterradoras: aunque analizar con exactitud los números de los abortos clandestinos es prácticamente imposible, se estima que en la región mueren al año entre 5,000 y 10,000 mujeres como consecuencia de estos; en un país como El Salvador, que acompaña a Honduras, Nicaragua, Haití, Surinam y República Dominicana en restricción absoluta del aborto, las mujeres pueden llegar a enfrentarse hasta 50 años de prisión, incluso por abortos espontáneos, pues el sistema judicial puede clasificarlos como homicidios agravados, mientras que el perpetuador de violaciones tan sólo recibe de 10 a 20 años, y esto resulta en otro fenómeno: los suicidios por embarazos forzados. Por otra parte, Paraguay, uno de los países en que sólo se permite el aborto terapéutico (aquel que se realiza en caso de que peligre la vida de la madre), es el que presenta la mayor tasa de la región en embarazo infantil (20% del total de embarazos), y uno de los más altos en mortalidad materna por aborto clandestino.

Un compañero de Argentina en la avanzada del feminismo es Chile. En el país sudamericano, el 2017 marcó el derrumbe de una ruina dejada por la dictadura de Pinochet: la prohibición absoluta del aborto, que hace casi cuatro años se sustituyó por una Ley de Supuestos. Este hecho sería parte de una bola de nieve que tomó fuerza el 16 de mayo del 2018, día en que las chilenas organizaron una marcha multitudinaria por una educación no sexista. Otras de las herencias de la dictadura era un sistema educativo jerarquizado y conservadurista, un lugar ideal para, como mujer, tener una experiencia de denigración, abuso e impunidad; tras múltiples intentos de denuncia, un susurro en las universidades se masificó y volcó en clamor.

Las estudiantes chilenas, llenas de hartazgo, reconocieron que la institución no haría nada por ellas, y que la unidad era su única arma contra el abuso sexual y el acoso. El 17 de abril del 2017 ocurrió la primera toma feminista en la historia de Chile: la Facultad de Humanidades de la Universidad Austral de Valdivia fue seguida de otras facultades, y luego se integró la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde la denuncia contra una figura tan importante como el expresidente del Tribunal Constitucional marcó un hito para las movilizaciones que se realizarían pronto y produjo el “Efecto Carmona”, una ola de denuncias por parte de estudiantes, académicas y funcionarias, pero también de mujeres del ámbito artístico, al estilo #MeToo. Para mayo había 18 universidades tomadas o en paro.

Las peticiones de una educación no sexista inundaron los medios de comunicación e insertaron en la sociedad términos como “violencia de género”, pues se evidenció que lo que se vivía en las aulas también se vivía en las casas, en las calles, en cualquier institución. El deseo de una transformación derivó en creaciones de protocolos, reglamentos, y oficinas de género que ahora pueden tramitar abusos, detectar brechas laborales y colaborar en la elaboración de currícula con perspectiva de género. En el 2019 se concretizó una acción más: la Ley Contra el Acoso Callejero, una declaración de lo que ya no están dispuestas a permitir las chilenas, y que, de forma paralela a “Un violador en tu camino”, confronta a los agresores.

Otro de los espacios donde se vulnera la seguridad de las mujeres latinoamericanas es el mundo virtual, y en el 2020, México dio un paso fundamental para erradicar la violencia digital en la región: la Ley Olimpia, que reconoce las agresiones a través de medios virtuales y castiga las prácticas que atentan contra la privacidad e intimidad sexual de los usuarios, particularmente de las niñas y mujeres. En el mismo país, la situación vulnerable de las mujeres condujo en 2007 a la creación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, mecanismo que busca activar acciones gubernamentales de emergencia en entidades donde se reconozca un alto índice de violencia feminicida. Por su parte, este año la Ciudad de México pondrá en marcha el Registro Público de Agresores Sexuales, propuesta de la Secretaría de Gobierno que se plantea como una base de datos de agresores sentenciados en la capital por crímenes sexuales (aunque tiene personas detractoras desde grupos feministas).

A partir de lo anterior, surgen varias preguntas: ¿Qué tan efectivas serán estas medidas? ¿Qué tanto les interesa a los Estados el bienestar de las mujeres? De las distintas leyes para combatir el acoso, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, para otorgar acceso a salud y educación dignas, ¿cuáles realmente protegerán a las latinoamericanas y cuáles son promesas vacías para dar una buena imagen? Todavía faltan muchos problemas por resolver en la región, por mencionar algunos, Latinoamérica se ve asolada por el embarazo infantil y adolescente (más del 12% de embarazos totales), la trata de personas, el turismo sexual, el matrimonio infantil (1 de 4 niñas en América Latina y el Caribe se casa o entra en uniones antes de los 18 años, y este es el único lugar donde no ha reducido la tasa); a todas estas problemáticas las atraviesan las desigualdades socioeconómicas y étnicas, y su solución depende no solo del incansable trabajo de las feministas, sino del verdadero propósito de los Estados de otorgar calidad de vida a sus ciudadanos, para lo cual se requiere una profunda reestructuración institucional.

Pase lo que pase, ninguna niña de América Latina será ajena a la historia que imprimieron sus hermanas mayores.

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