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La participación ciudadana como medio de revisión y colaboración con el Poder Ejecutivo en Jalisco

Jesús Francisco Ramírez Bañuelos

Abogado, maestro en gestión de servicios públicos en ambientes virtuales, CUCSH

Resumen: En una estructura política-social como lo es Jalisco, las autoridades tienen un rol fundamental en la conducción de las acciones públicas que permiten el ejercicio de los derechos. Pero ninguna estructura política es suficiente si no cuenta con la colaboración de los ciudadanos, quienes además de gozar de derechos tienen una serie de deberes que los vinculan con la comunidad de la que forman parte. Este artículo pretende analizar críticamente los mecanismos de revisión y colaboración ciudadana con el poder ejecutivo previstos en la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Palabras clave: participación ciudadana; Poder Ejecutivo; Jalisco.

Abstract: In a political-social structure such as Jalisco, the authorities have a fundamental role in the conduct of public actions that allow the exercise of rights. But no political structure is sufficient if it does not count on the collaboration of citizens, who in addition to enjoying rights have a series of duties that link them to the community of which they are a part. This article aims to critically analyze the mechanisms for citizen review and collaboration with the executive branch provided for in the Political Constitution of the State of Jalisco.

Keywords: citizen participation; Executive Branch; Jalisco.

1. Introducción

El poder ejecutivo en el Estado de Jalisco está representado en la figura del gobernador del estado —hasta la fecha únicamente han sido varones— y en las presidentas o presidentes municipales en cada uno de los 125 ayuntamientos que hay en Jalisco. Similarmente a como ocurre con la Constitución General de la República, la Constitución Política del Estado de Jalisco (en adelante CPJ) limita a que sea una persona quien ejerza el poder ejecutivo estatal y municipal, sin detrimento de la conformación de sus respectivos gabinetes que integran sus colaboradores en las administraciones estatal o municipales. Estos colaboradores son funcionarios públicos políticos y de base que se encargan de atender las distintas secretarías o dependencias que tienen a su cargo la resolución de las necesidades y problemáticas de la población en las diferentes áreas temáticas de la política pública.

Normalmente, el poder ejecutivo —gobernador, presidentas o presidentes municipales— es la autoridad más visible para la ciudadanía. De manera general, las funciones a cargo del poder ejecutivo son de naturaleza política y administrativa. El poder ejecutivo es el área del poder público que aplica las leyes y dirige las políticas públicas. Por eso, es regularmente la autoridad más cercana a la población. Este artículo pretende analizar críticamente los mecanismos de revisión y colaboración ciudadana con el poder ejecutivo previstos en la CPJ. En la primera parte se analizan las previsiones constitucionales relativas a la duración del mandato de los titulares del poder ejecutivo estatal y municipal en Jalisco. En la segunda parte se estudian los mecanismos de revisión y colaboración ciudadana.

2. La decisión ciudadana sobre la duración del mandato del poder ejecutivo

La designación del titular del ejecutivo estatal y municipal se da mediante sufragio popular en las elecciones libres cada 6 y 3 años, según se trate del gobernador, presidenta o presidente municipal, respectivamente. Además, las presidentas y presidentes municipales pueden ser reelectos para el periodo inmediato siguiente, a condición de que se postulen como candidatos por el mismo partido político o alguno de los partidos políticos miembros de la coalición que los llevó a ocupar el cargo; en el caso que la presidenta o presidente municipal haya sido candidata o candidato independiente debe presentarse a la reelección en esa misma calidad, o bien por un partido político si acredita su afiliación a ese partido a más tardar al llegar a la mitad de su mandato (CPJ, artículo 73, fracción IV).

Tanto el gobernador como las presidentas y presidentes municipales pueden ser sujetos a ratificación de mandato previa solicitud que realice el propio servidor público dentro de los primeros 120 días de la segunda mitad del periodo constitucional, es decir, en el lapso que va, en el caso del gobernador, de los 3 años a los 3 años y 120 días después de haber tomado posesión y, en el caso de las presidentas o presidentes municipales, de los 18 meses a los 18 meses y 120 días después de haber entrado en funciones. Para considerar válida la votación de la ratificación de mandato debe haber una participación de al menos la misma cantidad de ciudadanos que votó en las elecciones en las que resultó electo el gobernador, la presidenta o el presidente municipal y solo tendrá lugar el cese del servidor público si el número de votos en contra en el proceso de ratificación es mayor al número de votos a favor (CPJ, artículo 11 A, V).

De igual manera, el gobernador del estado, las presidentas y los presidentes municipales pueden ser sometidos a la revocación del mandato si al menos 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electorales, que representen al menos dos terceras partes de los distritos o secciones electorales de la demarcación territorial correspondiente presentan la solicitud dentro del mismo periodo que el señalado para la ratificación de mandato, esto es, en el lapso que va, en el caso del gobernador, de los 3 años a los 3 años y 120 días después de haber tomado posesión y, en el caso de las presidentas o presidentes municipales, de los 18 meses a los 18 meses y 120 días después de haber entrado en funciones. Las mismas condiciones aplicables para la ratificación de mandato son válidas para la revocación de mandato. Es decir, solamente será vinculante la votación de revocación de mandato si participan al menos la misma cantidad de ciudadanos que votaron en las elecciones en las que resultó electo el gobernador, la presidenta o el presidente municipal y solo tendrá lugar el cese del servidor público si el número de votos a favor en el proceso de revocación es mayor al número de votos en contra (CPJ, artículo 11 A, VI).

3. Los mecanismos de revisión y colaboración ciudadana

El poder ejecutivo se encuentra sujeto, según la constitución jalisciense, a diversos mecanismos de revisión y colaboración ciudadana en la definición de los planes y acciones públicas más trascendentes. Por su importancia en la formación de una sociedad democrática, nos detendremos en analizar los distintos mecanismos de participación descritos en la Constitución Política del Estado de Jalisco (CPJ, artículo 11).

3.1. Los mecanismos de revisión y colaboración ciudadana exclusivos para los jaliscienses

La condición de jalisciense está nítidamente identificada en la CPJ. Esto nos permite tener certeza de qué derechos y qué deberes tenemos o no, según estemos considerados como jaliscienses o no por la propia constitución local. En principio, podemos deducir, con razón, que son jaliscienses las personas que hayan nacido en el territorio del Estado de Jalisco (CPJ, artículo 6, fracción I, inciso a). Esto es indiscutible; sin embargo, hay una situación —que, aunque no es común no por ello es improbable— por la cual una persona nacida en Jalisco no es jalisciense. Esto sucede cuando una persona nació en el territorio de Jalisco y, por ende, en México y posteriormente decide renunciar a la nacionalidad mexicana por nacimiento. En este caso la nacionalidad trasciende a la calidad de jalisciense; de manera que, al dejar de ser mexicana una persona también deja de ser jalisciense.

El segundo supuesto para ser jalisciense es el que contempla a las personas que no hayan nacido en el territorio del Estado. En este caso se requiere ser mexicano y encontramos dos variantes (CPJ, artículo 6, fracción I, inciso b). La primera, es que la persona sea mexicana por nacimiento, es decir, que haya nacido en otro estado de la República o aun fuera de ella siendo cualquiera o ambos de sus progenitores mexicanos nacidos en nuestro país. En este caso, también puede suceder que la persona renuncie a su nacionalidad mexicana, en cuyo caso, también dejaría de ser jalisciense. La segunda variante es que la persona haya nacido fuera de México y no tenga ningún padre o madre mexicanos nacidos en el territorio nacional, pero haya optado por naturalizarse mexicana y, desde luego, haya cumplido con el procedimiento establecido para ello por la normatividad federal. En este caso, también cabe la posibilidad de que la persona pierda su nacionalidad mexicana por naturalización. En este sentido, la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores que determine la pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalización implicará también la pérdida de la condición de jalisciense para la persona de que se trate. En ambas variantes, para ser considerado jalisciense, además de su nacionalidad mexicana, la persona debe demostrar ser residente del Estado de Jalisco y no manifestar su deseo de conservar su residencia anterior.

Fuera de los tres casos explicados —por nacimiento en Jalisco, naturalización mexicana o residencia en Jalisco teniendo la nacionalidad mexicana— ninguna otra persona es jalisciense para fines legales. Es decir, no son jaliscienses para la CPJ los extranjeros, aunque residan en Jalisco. Tampoco lo son los mexicanos que no residan en Jalisco ni los mexicanos que residan en Jalisco, pero que manifiesten su deseo de conservar su residencia anterior. Sin embargo, el hecho de no ser jalisciense no implica que la persona extranjera o mexicana que no sea jalisciense que transite o resida en Jalisco no tenga derechos ni deberes frente a los órganos estatales y la sociedad jalisciense, sino que estos son más restringidos que los que se reconocen a los jaliscienses. Ahora bien, los ciudadanos jaliscienses tienen derecho exclusivo a participar en los siguientes mecanismos de revisión y colaboración con el poder ejecutivo: el plebiscito, el referéndum, la ratificación constitucional, la iniciativa ciudadana, la planeación participativa, el diálogo colaborativo y la contraloría social.

A)     El plebiscito

Mediante este mecanismo, los ciudadanos pueden opinar sobre los actos o decisiones de los titulares del poder ejecutivo, sea el gobernador, las presidentas o presidentes municipales. Para que el mecanismo se inicie debe mediar una petición ciudadana, de acuerdo con el número de población que corresponda al lugar en el que el titular del ejecutivo emita su acto o decisiones. Así, si se trata de un acto o decisión del gobernador se requerirá que lo soliciten al menos 0.5% de los ciudadanos que estén inscritos en la lista nominal de electores. Por otra parte, si se trata de un acto o decisión de una presidenta o presidente municipal que gobierne en un municipio que no tenga más de 50,000 habitantes, se requerirá que la petición esté apoyada por al menos 2% de los ciudadanos que estén inscritos en la lista nominal de electores. En el caso que se pretenda someter a plebiscito un acto o decisión de una presidenta o presidente municipal que gobierne un municipio que tenga una población mayor a 50,000 habitantes, pero menor a 100,000 habitantes se requerirá que la petición sea apoyada al menos por 1.5% de los ciudadanos que estén inscritos en la lista nominal de electores. A su vez, si el mecanismo se pretende aplicar sobre un acto o decisión de una presidenta o presidente municipal que gobierne un municipio que tenga una población mayor a 100,000 habitantes, pero menor a 500,000 habitantes se requerirá que la petición sea apoyada al menos por 0.5% de los ciudadanos que estén inscritos en la lista nominal de electores. Finalmente, si la población del municipio en el cual se pretenda someter a plebiscito algún acto o decisión de la presidenta o presidente municipal es mayor a 500,000 habitantes se requerirá al menos 0.5% de los ciudadanos que estén inscritos en la lista nominal de electores.

Para que el mecanismo de plebiscito sea obligatorio es necesario que al menos participe 33% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores que corresponda y que el resultado de la votación sean al menos de 50% en sentido negativo o positivo, independientemente de la población total del municipio que corresponda o de la totalidad del Estado. Sólo se podrá acatar la decisión de la ciudadanía por el ejecutivo estatal o municipal cuando la mayoría de los ciudadanos voten por la afirmativa o negativa sobre un acto o decisión emitida por el gobernador, presidenta o presidente municipales y esa mayoría representen al menos una tercera parte de la cantidad de ciudadanos registrados en la lista nominal de electores correspondiente al Estado o al municipio específico de que se trate.

B) El referéndum

El mecanismo del referéndum es la herramienta la cual la ciudadanía puede manifestar su inconformidad respecto a disposiciones legales emitidas tanto por el gobernador como por las presidentas o presidentes municipales. La finalidad de este instrumento de participación es que los ciudadanos expresen su opinión sobre la abrogación —pérdida completa de vigencia de una ley o disposición legal— o derogación —pérdida de la vigencia de una disposición legal en particular, es decir, un artículo o norma jurídica concreta dentro de un código o ley específica—. Las disposiciones legales que pueden ser sometidas a referéndum en Jalisco son los decretos, reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general, es decir, que vinculen a la totalidad de la población en un espacio territorial determinado, ya sea en todo el estado o en un municipio en particular y que hayan sido emitidas por el Congreso del Estado, el gobernador o los ayuntamientos.

Los requisitos para la participación ciudadana en el referéndum dependerán de la población a que esté dirigida la disposición legal que se somete a la consideración de los ciudadanos. Así, si es una norma de carácter estatal, el referéndum deberá ser solicitado por 0.5% de los ciudadanos que estén inscritos en la lista nominal de electores. Por otra parte, se requerirá la solicitud de 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, cuando el ámbito de aplicación de la norma sea en un municipio con menos de 50,000 habitantes. Si el municipio tiene una población mayor a 50,000 habitantes, pero menor a 100,000 habitantes, el porcentaje de ciudadanos que debe solicitar el referéndum será de al menos 1.5% del total de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Para el caso de los municipios con una población entre 100,000 y 500,000 habitantes, el porcentaje mínimo será de 0.5% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Finalmente, en los municipios con una población mayor a 500,000 habitantes se requerirá la solicitud de por lo menos 0.05% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. En cualquiera de los casos, para que el resultado del referéndum sea obligatorio, se deberá contar con al menos 33% de participación ciudadana, tomando como base la lista nominal de electores y siempre teniéndose como válido el resultado mayoritario de la votación, en sentido negativo o positivo para abrogar o derogar la disposición legal sometida al mecanismo de participación ciudadana.

C) La ratificación constitucional

Por otra parte, dada la jerarquía de leyes en el Estado —donde la constitución es la ley suprema— cuando se pretenda validar o derogar una reforma a la constitución jalisciense el mecanismo de participación ciudadana que se deberá ejercer es el de la ratificación constitucional. En este caso, se establece un lapso dentro del cual los ciudadanos pueden emitir su opinión. Esto es, dentro de los 30 días naturales siguientes a que se haya publicado la reforma constitucional. Además, la solicitud de la ratificación constitucional no puede venir directamente de los ciudadanos, sino que es necesario que la pida el gobernador, o bien, al menos 50% de los ayuntamientos en el Estado o por lo menos 50% de los diputados locales. En este sentido, la participación ciudadana se concreta en la fecha de la votación, la cual se llevará a cabo el mismo día de las elecciones, salvo que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana autorice expresamente que se realice en fecha distinta y siempre y cuando haya suficientes recursos para su celebración. Al igual que los anteriores mecanismos de participación ciudadana, en este caso se requiere que participe al menos 33% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores y se tendrá como resultado válido el que se obtenga por mayoría de 50% de los votantes en un sentido u otro.

D) La iniciativa ciudadana

Otro mecanismo de participación ciudadana es el de la presentación de iniciativas ciudadanas. Este consiste en el derecho de los ciudadanos para someter a la consideración y análisis del Congreso del Estado, del gobernador o de los ayuntamientos una propuesta de ley o reglamento, según corresponda. Es importante destacar que el derecho ciudadano en este caso consiste en la presentación de la iniciativa de ley o reglamento, pero las autoridades correspondientes, es decir, el poder legislativo o ejecutivo estatal o municipal conservan sus facultades para dictaminar la iniciativa y, en consecuencia, adoptarla, modificarla o rechazarla. En todo caso, es un ejercicio importante porque le da voz a los ciudadanos en la etapa inicial de la formación de las normas en el estado o municipios donde residen.

De manera análoga a como lo hemos explicado en los mecanismos de participación ciudadana previos, en este caso también se debe reunir un número de solicitantes ciudadanos para que se concretice este instrumento. Al respecto, cuando la iniciativa sea de naturaleza estatal, deberá ser solicitada al menos por 0.5% de los ciudadanos que estén inscritos en la lista nominal de electores. Por otra parte, se requerirá que la solicitud sea presentada por 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, cuando se refiera a un municipio con menos de 50,000 habitantes. Si el municipio tiene una población mayor a 50,000 habitantes, pero menor a 100,000 habitantes el porcentaje de ciudadanos que debe presentar la solicitud será de 1.5% del total de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Para el caso de los municipios con una población entre 100,000 y 500,000 habitantes, el porcentaje de ciudadanos que presenten la solicitud será de 0.5% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Finalmente, en los municipios con una población mayor a 500,000 habitantes se requerirá la solicitud de 0.05% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Es importante señalar que para el caso de las iniciativas ciudadanas presentadas en los municipios, los porcentajes referidos en el párrafo precedente pueden ser menores si la reglamentación municipal así lo considera, pero en ningún caso pueden ser superiores a los que señala la constitución jalisciense.

E) La planeación participativa

Este es un mecanismo de participación ciudadana directa en las actividades del poder ejecutivo estatal o municipal. Su intención es que los ciudadanos intervengan en la toma de decisiones de manera conjunta con las autoridades. El ámbito concreto de acción de este mecanismo es en la creación de los planes o instrumentos de desarrollo del ámbito territorial que corresponda. Este mecanismo tiene una limitante temporal que es la de ser ejercido en los periodos de elaboración o actualización de los mencionados planes o instrumentos de desarrollo.

F) El diálogo colaborativo

Otro mecanismo de participación ciudadana es el diálogo colaborativo. Sobre este instrumento, la constitución jalisciense es ambigua y deja su desarrollo a la codificación secundaria. La intención de este mecanismo es que las autoridades tomen acuerdos o consensos con la ciudadanía que impacten en una mejor representatividad ciudadana en la toma de decisiones públicas. Sin embargo, la construcción conceptual en la constitución jalisciense no permite señalar el alcance de este mecanismo, pues su uso pareciera estar a discreción de la autoridad. Sin duda es un instrumento que de contar con la voluntad política conjuntamente con el interés ciudadano puede significar un avance en la vida democrática de la entidad.

G) La contraloría social

Similarmente a como ocurre con el diálogo colaborativo, en el caso de la contraloría social la constitución jalisciense no es clara en la forma en que se ejerce este mecanismo. La conceptualización del instrumento permite decir que su intención es promover la transparencia y la rendición de cuentas de la autoridad. Además, que no restringe su ejercicio a un sector de la población, sino que explícitamente permite que intervengan organismos del sector privado y social para vigilar y observar los actos de gobierno. No obstante, consideramos que es necesario un desarrollo constitucional más amplio de este mecanismo para conocer concretamente cuál es el alcance con el que los ciudadanos podemos realizar estas tareas de supervisión democrática.

3.2. Los mecanismos de revisión y colaboración abiertos para todos

Por su parte, los habitantes del estado de Jalisco, o bien, de un municipio o demarcación territorial determinada dentro de un municipio específico —sean o no jaliscienses— tienen derecho a participar en los mecanismos de consulta popular, prespuesto participativo, comparecencia pública, proyecto social, asamblea popular, ayuntamiento abierto y colaboración popular.

            La consulta popular es quizá el mecanismo de participación de la sociedad del que más se habla aunque el proceso de su implementación no es conocido por todos. Es necesario señalar que la consulta popular prevista en la CPJ y sobre la que comentaremos aquí no es la misma figura que la regulada en la Constitución General de la República (CPEUM, artículo 35, fracción VIII) por lo que no deben ser confundidos ambos mecanismos aun cuando sean homónimos. En lo particular, la consulta popular establecida en la CPJ se distingue por estar disponible para la población —se infiere que mayores de 18 años, aunque no se establece específicamente— que habite un territorio determinado. Ese territorio puede ser la totalidad del estado de Jalisco, un municipio o una demarcación concreta. Nótese que no hay distinción en la calidad personal de los participantes, esto es, este mecanismo está disponible tanto para jaliscienses como para no jaliscienses, en tanto radiquen en el territorio, cuyo interés se vea impactado por el tema consultado.

            Otro elemento destacable de la conceptualización constitucional jalisciense es el de que su objetivo es que los habitantes expresen sus opiniones con relación a temas públicos o de impacto social en su entorno, lo que hace referencia a consideraciones muy amplias y puede entrañar un reto en la valoración del resultado del mecanismo. Es decir, si la consulta popular pretende recabar las opiniones de la población, no debería ser un ejercicio en el que se elija binariamente por la afirmativa o la negativa, sino que permitiese en realidad la expresión de las opiniones de los habitantes en toda su diversidad. Además, es interesante analizar la redacción del mecanismo en la constitución jalisciense, dado que el proceso consiste en que sea la autoridad la que consulte a los habitantes, es decir, la población respondería a la incitación gubernamental para pronunciarse sobre un tema en concreto que sea de su incumbencia. Pero también da oportunidad para que sea la propia población quien la motive. Ahora bien, conforme con la constitución jalisciense, cuando la consulta popular tenga vinculación con los poderes ejecutivo o legislativo puede llevarse a cabo, solo si es solicitada por 50% de los diputados locales, el gobernador, o bien, por 0.05% de los habitantes del territorio implicado. Por otra parte, si la consulta popular es referida a temas relacionados con las administraciones municipales puede ser solicitada por 50% de los integrantes del ayuntamiento correspondiente, o bien, por 0.05% de los habitantes del territorio directamente interesado.

B) El presupuesto participativo

            De distinta naturaleza es el mecanismo del presupuesto participativo. En este caso, la constitución jalisciense obliga al poder ejecutivo estatal a fijar al menos 15% de su presupuesto de egresos anual a inversión pública, cuyo destino en proyectos específicos será determinado por los habitantes del estado de Jalisco. Como sucede con otros mecanismos de participación social, en la conceptualización constitucional del presupuesto participativo no se fijan los lineamientos para poder determinar la manera en que la población intervendrá, ni tampoco se establecen los márgenes temporales, que en todo caso por la naturaleza del presupuesto se infiere que deberán encontrarse entre las fechas de presentación del proyecto de presupuesto de egresos que envía el gobernador al legislativo y la aprobación que este último poder realiza anualmente del mencionado presupuesto. Asimismo, la constitución jalisciense también permite la coordinación entre las administraciones municipales y el poder ejecutivo estatal para que se lleven a cabo conjuntamente obras de interés regional o municipal, que sean decididas por los habitantes de los municipios interesados.

C) La comparecencia pública

            La comparecencia pública es un mecanismo que pretende ser de mayor alcance, dado que no solo implica la participación pasiva de la sociedad sino también su deliberación con los actores gubernamentales. La intención de este mecanismo es promover los procesos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del poder. Para ello, la constitución jalisciense preve el diálogo y el debate de la población directamente con los funcionarios. En este último punto, cabe destacar que la constitución jalisciense señala a los funcionarios en general sin identificar a algún poder en específico, lo que implica que la población tiene el derecho de ejercer este mecanismo con cualquier miembro de los poderes estatales o municipales e incluso de los organismos públicos autónomos estatales.

El rango de situaciones para las cuales se puede ejercer la comparecencia pública es muy amplio y cubre desde la solicitud de información, el cuestionamiento de actos concretos y la rendición de cuentas hasta la formulación de propuestas e incluso la adopción de acuerdos de manera conjunta por la sociedad con los entes gubernamentales.

Este mecanismo se intersecta con otros derechos humanos previstos en la constitución jalisciense. Sin embargo, en nuestra consideración, la trascendencia de la comparecencia pública está dada por su amplitud en dos aspectos; el primero, en relación con las personas que lo pueden ejercer, esto es, los habitantes de un territorio determinado sin requerir una calidad específica de nacionalidad o ciudadanía; y el segundo, con respecto a la variedad de tópicos que cubre, ya que puede ser considerado un derecho amplio que incluye la esencia de los derechos de petición e información aunado a la intervención directa de la población en la adopción de medidas o acuerdos concretos en temas de su interés.Consideramos que de ejercerse adecuadamente este mecanismo es de la mayor importancia en el desarrollo de la vida democrática de Jalisco en vista de lograr la pretendida armonía social.

D) El proyecto social

            Un mecanismo mucho más particularizado es el del proyecto social. La intención de este instrumento es que los habitantes de un municipio actúen coordinadamente con el ayuntamiento para solucionar un problema o necesidad particular que se tenga en un espacio geográfico limitado, el cual normalmente es de proximidad, tal como un barrio, un fraccionamiento o una colonia determinada.

La asamblea popular tiene similitudes con la consulta popular en el sentido de que tiene como objetivo tratar temas de interés general para un municipio o demarcación territorial determinada. Sin embargo, la asamblea popular tiene vocación de ser más duradera, por cuanto tiene como objetivo generar un foro —no necesariamente físico— en el cual los habitantes del territorio interesado puedan intercambiar sus opiniones en relación con los temas de mutuo interés. Consideramos que este mecanismo puede ser el origen de la implementación de otras formas de participación social, tales como la comparecencia pública o la presentación de iniciativas ciudadanas, entre otros. Por tanto, estimamos que la importancia de la asamblea popular radica en la formación de redes sociales sólidas entre los habitantes de la zona territorial impactada, que les permita interactuar ante las autoridades municipales o estatales.

            F) El ayuntamiento abierto

Además de la iniciativa ciudadana, la constitución jalisciense preve un mecanismo de mayor alcance en relación con la población involucrada, puesto que no se limita a los ciudadanos sino que comprende a todos los habitantes de un municipio determinado. Ese mecanismo es el ayuntamiento abierto y consiste en la posibilidad de que los habitantes del municipio en cuestión presenten propuestas o peticiones ante los ayuntamientos correspondientes. La constitución jalisciense permite que el ayuntamiento abierto sea ejercido directamente por los habitantes del municipio en cuestión, o bien, a través de sus representantes vecinales debidamente registrados ante las autoridades municipales. Además, el mecanismo constitucional fija un parámetro cuantitativo mínimo de 6 sesiones ordinarias anuales del ayuntamiento en las cuales las propuestas o peticiones de la población pueden ser planteadas. Como es de notarse la intención de este mecanismo es que la sociedad tenga injerencia en la deliberación pública de los asuntos de su incumbencia por el solo hecho de radicar en un territorio determinado con independencia de su nacionalidad o ciudadanía.

Un mecanismo menos explorado y que, en nuestra opinión, exige una mayor transparencia y cuidado en su implementación es el de la colaboración popular. Este instrumento consiste en la posibilidad de que los habitantes del estado o de un municipio intervengan directa y conjuntamente con las administraciones estatal o municipales en la ejecución de una obra, o bien, en la prestación de un servicio público que ya exista. La participación de la sociedad se da en este caso, mediante la aportación de capital, instrumentos de trabajo o el trabajo personal mismo. Consideramos que este mecanismo debe ser de la mayor supervisión por los órganos auditores de las administraciones municipales y estatal, así como por la propia sociedad para evitar que sea utilizado como una manera de lucrar irregularmente por parte de los particulares o de desvío indebido de recursos públicos.

En términos generales, la intención del mecanismo es que los habitantes se involucren en las obras o servicios públicos de su interés, pero como dije este involucramiento debe ser transparente y sujeto al cumplimiento de todos los requisitos legales que para ello se establezcan. Además, es necesario considerar que el involucramiento de los particulares en estas obras o servicios públicos los sujetaría al cumplimiento más amplio de los derechos humanos en términos similares a los de las autoridades. De manera que cualquier violación en los derechos humanos de terceros con motivo de los actos de los habitantes colaboradores implicaría una responsabilidad directa de los agentes estatales que permitieron su participación en funciones, en principio, ejercidas por la autoridad (Ley de Amparo, artículo 5).

IV. Conclusiones

La constitución jalisciense contempla una serie de derechos de los habitantes de Jalisco, que conforman un sistema jurídico de protección para todos. En la lógica de la Constitución Política de Jalisco la sociedad en su conjunto es la depositaria del bien común, en la que se estructuran los derechos de cada uno de los ciudadanos. Para ello, la CPJ preve diversos mecanismos de revisión y colaboración ciudadana que son accesibles para la población según su calidad de jaliscienses o no. Los mecanismos de revisión y colaboración ciudadana tienen la intención de facilitar la consecución de los objetivos comunes de la sociedad y el gobierno jalisciense, en particular con relación al poder ejecutivo estatal y municipal. En ese sentido, es fundamental que la población tenga conocimiento de ellos y haga uso activo de ellos para democratizar el ejercicio del poder. En última instancia, tanto los ciudadanos como las autoridades somos responsables de manera diferenciada pero conjunta de la armonía social.

Referencias

Doctrina

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